miércoles, 26 de junio de 2013

Persiste la caza ideológica en el Ayuntamiento de Valverde del Camino.

Loles López, alcaldesa de Valverde del Camino, parece padecer de fijación por el número dieciséis. Dieciséis fueron las/os empleadas/os públicos despedidos del ayuntamiento en un claro arrebato de genocidio laboral contra quienes no piensan como ella y han sido víctimas de un despido selectivo por motivos ideológicos.

Dieciséis los meses de suspensión de empleo y sueldo del funcionario municipal Pedro Domínguez a la vez Secretario General del PSOE valverdeño, y cuya base se sustenta en un expediente administrativo abierto tras la investigación pericial de su ordenador elaborado por el asesino ultraderechista de la joven estudiante Yolanda. En mi opinión, el informe pericial carece de contenido solvente para considerar dos faltas graves que justifiquen la suspensión de empleo y sueldo por dieciséis meses del funcionario Domínguez.

Animo a Loles López a que vuelva a hacer un ejercicio ideológico y contrate nuevamente al ultraderechista Hollin, esta vez para que realice una investigación pericial de todos los ordenadores del Ayuntamiento de Valverde, incluido el de su uso personal, los de sus concejales y los de los candidatos e interventores del PP contratados para desarrollar las tareas de los dieciséis despedidos. Con toda seguridad, se llevaría una enorme sorpresa porque encontrarían contenidos pasados y actuales que nada tienen que ver, o sí, con la dedicación profesional y/o política de los diferentes puestos.

Por tanto, una vez más Loles López hace gala de un talante innato para la caza del adversario ideológico entre los empleados públicos municipales y en esta ocasión, con la intención de inhabilitarlo políticamente.

Jorge Puente.

lunes, 24 de junio de 2013

Del modelo constitucional de “Las Españas”, a la España única.


El próximo reto comprometido por el Presidente del Gobierno con la Troika, es abordar con urgencias las llamadas reformas estructurales y reducir el déficit en 37.000 millones de euros en los próximos dos años de los cuales, 8.000 corresponden a la Reforma de las Entidades Locales (EE LL) y 6.500 millones saldrán de la Reforma de las Administraciones Públicas (AA PP) y sin coste en empleo; el resto saldrá de la subida de impuestos, de los salarios de las/os trabajadores y de las/os pensionistas. Objetivo a todas luces imposible de alcanzar sin generar más sufrimiento y empobrecimiento de las clases trabajadoras y populares (las clases medias las han eliminado), porque la Iglesia, la grandes fortunas y los beneficios desaforados de las grandes Corporaciones Financieras y Empresariales son intocables para este Gobierno.

En este contexto y en la convicción ideológica de que hay que transformar el modelo de Estado Constitucional, es donde se originan las reformas de las EE LL y de las AA PP. Es un paso definitivo hacia la Administración Única “La España Única” anhelada por el Presidente fundador del PP Sr. Fraga y en el ADN de la derecha Española. Una derecha que ahora se apropia del espíritu constitucional, del discurso moderado y del respeto a las Instituciones cuando no ha hecho una sola concesión en la transición a la democracia, primero como AP y actualmente como PP. Se impuso una jefatura de Estado heredada del Dictador. Apostaron y apuestan por el fortalecimiento del Concordato con la Santa Sede a pesar de la laicidad declarada del Estado y ahora rescatan con sus reformas, la recentralización del Estado pasando del la España de las Autonomías a la “España Única”. No votaron la Constitución porque no creían en el modelo de Estado social, democrático, de derecho y plural que se estaba dibujando.

Con la reforma de las AA PP y sus 217 medidas se inicia el proceso de un profundo cambio del modelo de Estado sin articular el consenso necesario que estableció el proceso constituyente y supondrá una reforma en cubierta de la propia Constitución, ya que se legisla sobre la esencia de la democracias y de la capacidad de decidir de la ciudadanía.

Son 217 medidas que afectarán especialmente a las Comunidades Autónomas y a su derecho de organización en virtud de los respectivos Estatutos, pero eso sí, sólo serán recomendaciones que las propias Comunidades Autónomas decidirán, o no su aplicación, pero ésta será básica para las futuras relaciones bilaterales con el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas especialmente en lo relativo a la financiación de las CC AA. En función de las medidas adoptadas, el Estado se reserva la potestad de orientar la financiación, lo que es lo mismo, que despidan a empleados/as públicos las Comunidades Autónomas porque esa losa no está dispuesto el Gobierno a asumirla después de haber generado más de 1.200.000 desempleados/as con la reforma laboral, estar prevista la perdida de empleo de más de 300.000 empleados/as públicas con la reforma de las EE LL, o haber reducido el salario casi un 8% de media a las/os trabajadores del País. El Gobierno pretende que los/as empleados/as públicos del Estado que se vean afectados por alguna de las medidas, se despidan solos porque no acepten la movilidad geográfica que pueden proponerles, por ejemplo, a un/a funcionario/a con 55 años de Huelva, le ofrecen un puesto en Vitoria porque su departamento ha desaparecido y lo que hay está en Vitoria: lo toma, o lo deja.

217 medidas que van dirigidas a reducir democracia. Restringe el derecho de expresión de las minorías al reducir el número de escaños de los Parlamentos (aunque la decisión sea de la Comunidad Autónoma), con lo que sólo beneficia a los grandes partidos y busca consolidar el bipartidismo como modelo democrático. En el mismo sentido, cercena la participación democrática de la sociedad civil a la que deja sin herramientas colectivas de participación y protección ciudadana haciendo desaparecer los Defensores del Pueblo, los Tribunales de Cuentas, o el Consejo de la Juventud de España, …, con lo que definen como base de las relaciones sociales y humanas el individualismo y la competitividad donde los débiles serán claramente los perdedores, y que incide directamente en la cultura social española, basada en la profunda convicción de generar redes sociales de participación, apoyo mutuo y solidaridad, que hace posible hoy que no se haya producido un verdadero estallido social en las actuales circunstancias de falta de igualdad y oportunidades.

217 medidas que rompen con el principio de cercanía que debe presidir las relaciones entre administraciones y administrados, quienes van a ver muy lejanas las soluciones a sus problemas. No todas las familias españolas son familias estructuradas, formadas o con recursos, más bien todo lo contrario, la mayoría de ellas carecen de poder adquisitivo. La cercanía es un valor a no tener en cuenta por esta reforma y doblemente castigada, porque a la par que suprimen el transporte ferroviario de cercanía, único medio de viaje en muchos pueblos rurales de España, alejan la administración y la solución de los problemas ciudadanos.

jueves, 13 de junio de 2013

El valor del diálogo social.


En los dos últimos años los Sindicatos de Clase UGT y CCOO, no sólo se han propuesto construir un gran frente social de autodefensa contra los intereses espurios y especulativos del capitalismo atroz que gobierna la globalidad económica y que tiene en la TROYKA Comunitaria su principal adalid,  y en la connivencia del Gobierno del PP su fundamental apoyo. 

En estos dos últimos años los Sindicatos de clase UGT y CCOO, han compatibilizado la acción, la movilización y la dinamización social y de las clases trabajadoras con los valores esenciales del movimiento obrero de clase, el diálogo, la negociación y la concertación. Y todo ello en un ambiente extraordinariamente hostil contra un derecho fundamental de las trabajadoras y trabajadores y reconocido constitucionalmente en el art. 7º de la Carta Magna.  

En los 125 años de sindicalismo de la UGT, el Sindicato ha pasado por momentos muy difíciles. En la historia del sindicato se han sucedido periodos de persecución que creíamos superados. Hoy, el neoliberalismo dominante al servicio de los intereses económico-financieros ha iniciado una cruenta lucha de clase a través de los herederos del Estado Totalitario que persiguió al sindicalismo durante cuarenta años, y que hoy son quienes desde el Gobierno de España y desde las Instituciones Internacionales ejercen la violencia sindical pretendiendo denigrar a los Sindicatos y sindicalistas, tramando toda clase de infamias con el propósito de liberalizar el Estado del Bienestar y los Servicios Públicos construidos para la ciudadanía. Para lo cual y conscientes de que los Sindicatos de Clase somos la trinchera aún no franqueada, han desencadenado un cruento ataque contra los sindicatos de clase desde todos los centros de poder de la derecha económica y política. 

En este contexto, es donde alcanza especial relevancia la iniciativa sindical de ofrecer diálogo, negociación y acuerdos y en este sentido, el Acuerdo Económico y Social (ASE) que garantiza entre otras medidas, el futuro del Sistema Público de Pensiones, el II Acuerdo por el Empelo y la Negociación Colectiva (II AENC), vilipendiado por la CEOE, una de las partes firmantes, las dos ILP presentadas ante el Congreso de los Diputados para una legislación laboral socialmente justa y para que la dación en pago impregne el espíritu de una nueva Ley Hipotecaria, o la oferta de un Pacto Nacional de Rentas son solo algunos de los ejemplos que justifican el indispensable papel que han jugado, juegan y jugarán las Organizaciones Obreras de clase en el pasado, presente y en el futuro del desarrollo socioeconómico de España; quizás por ello estorba tanto al neoliberalismo dominante que existan Sindicatos de Clase (UGT y CCOO) y si tienen que existir, que lo hagan lo más debilitadamente posible. 

Hoy mismo concluyen las cuatro jornadas de marcha por el Empleo que la UGT y CCOO han convocado en Andalucía,  jornadas de marcha que han propiciado recorrer gran parte de la geografía andaluza para explicarle a la gente, especialmente a la gente sin empleo, que en Andalucía es preciso un Plan especial de empleabilidad y que esa preocupación es prioritaria para las organizaciones obreras, a pesar de que el rendimiento del trabajo sindical y de todos los esfuerzos de cientos de hombres y mujeres de los sindicatos van destinados a beneficiar por igual a todos/as los trabajadores/as estén o no, afiliados/as a los sindicatos. Es por ello, que las/os trabajadores y la ciudadanía en general que no están afiliados deben saber que sus convenios, sus derechos laborales, sus pensiones, ... se consiguen y se defienden desde y por los Sindicatos, y que los Sindicatos se mantienen con la cuota de sus afiliado/as. Por lo que a los sindicatos no se les regala nada y se les debe mucho en términos sociales y de renta.

martes, 11 de junio de 2013

Balance cuatro años de trabajo. 12 Congreso de la UGT Hueva.


Tras el 11 Congreso Provincial, la CEP se constituye con ocho secretarías en tres áreas de trabajo. Un esquema que ha posibilitado un trabajo en equipo y de carácter colegiado. Generando un grupo humano cohesionado y con capacidad de desarrollar su trabajo sindical frente a la complejidad de los problemas planteados por la crisis económica y la socioeconómica de Huelva.

En estos cuatro años se han tenido que hacer frente a una incesante labor institucional, a la gestión técnica y económica de los diversos programas y servicios dirigidos a las/os trabajadores, a la intermediación, seguimiento y evaluación de centenares de expedientes administrativos de otros/as tantos usuarios/as. A la emisión de informes, análisis y dictámenes de todo tipo. La coordinación de los planes afiliativos, electorales y de la comunicación del sindicato. Etc.

La CEP, en mi opinión,  ha liderado la acción sindical y social en cuantos frentes han sido necesarios, con solvencia y eficacia. Y ha hecho de la solidaridad, la defensa de los derechos laborales y sociales de las clases trabajadoras, de la justicia social, de los derechos constituciones y estatutarios su bandera  de lucha, para salir de la crisis con dignidad.

Frente al involucionismo de la derecha, hemos desplegado un intenso trabajo previo a las elecciones autonómicas para que las trabajadoras/es onubenses rechazarán al PP como alternativa de gobierno en Andalucía, lo que hasta ahora está dando como resultado aunque mejorable, el desarrollo de una política económica y social alejada de las tesis neoliberales que desmantela el estado de bienestar.

Desde la CEP se ha intentado facilitar el trabajo sindical al conjunto de la organización, aportando disponibilidad, iniciativas, facilitando interlocución institucional, afrontando los conflictos y dificultades de los trabajadores con quienes nos lo han requerido y propiciando al conjunto del sindicato, en la medida de nuestras posibilidades los recursos disponibles.

La crisis económica ha provocado también un fuerte impacto en la economía del Sindicato, que ha obligado a elaborar un plan de ajuste presupuestario para ajustar los gastos a la estructura de los ingresos, que no son otros que los procedentes de cuotas por afiliación. Para la CEP ésta ha sido una situación dura, grave y traumática, en tanto que ha afectado al empleo de compañeras y compañeros.

Hace cuatro años que concluyó el 11º Congreso Provincial. Cuatro años caracterizados por el drama que la destrucción de empleo ha supuesto para miles de onubenses, no sólo como consecuencia de la Crisis. También como consecuencia de la legislación laboral, especialmente “la reforma laboral impuesta por el gobierno del PP” que despide masivamente a las/os trabajadores/as aunque las empresas no estén en pérdidas.  Por la intensidad de los acontecimientos, y por el papel intenso y yo diría destacado, que la UGT ha tenido que desempeñar en la gestión de la conflictividad laboral  y en la movilización.

En estos cuatro años, la situación económica onubense ha sido de decrecimiento permanente y de destrucción de empleo. Aún hoy, la economía sigue contrayéndose y la destrucción de empleo, salvo en momentos puntuales, es cada vez más insostenible.

Pero no solo hemos tenido que afrontar y pelear contra la realidad económica y sociolaboral, sino que en poco más de un año hemos tenido que afrontar una arquitectura reformista que afecta directamente a los derechos esenciales de la ciudadanía como son la educación, la sanidad, la tutela jurídica efectiva, la libertad de opinión y/o manifestación. En definitiva, que afectan directamente al propio sistema democrático.

Nos ha tocado y nos va a tocar, seguir viviendo unos momentos en los que el principal trabajo del Sindicato será impedir que se destruyan los derechos construidos. Y en unas condiciones, que sin ningún género de dudas son las más difíciles de la historia reciente para el movimiento sindical.

Nunca en Huelva nos habíamos visto obligados a celebrar más de cuarenta Consejos Provinciales para preparar las estrategias de defensa y a responder con tres huelgas generales y centenares de movilizaciones en poco más de dos años, a las decisiones de los diferentes gobiernos. La predisposición permanente al diálogo y al consenso como herramientas para contribuir a la superación de los problemas no ha servido ni para el Gobierno actual, ni para las patronales.

El centro de nuestra acción ha perseguido frenar la destrucción de empleo, de derechos laborales y sociales y del espacio de libertad y democracia que entre todas y todos hemos sido capaces de conquistar,  empleando con la mayor eficiencia posible los recursos de los que hemos dispuesto para hacer frente al mayor ataque a los derechos de ciudadanía y de las clases trabajadoras, desde que tenemos democracia.

En estos años junto a CC OO, hemos sido capaces de canalizar las sinergias de amplios sectores sociales, que bien han considerado las alternativas sindicales justas y plenamente válidas, o bien, hemos sido capaces de orientar sus preocupaciones e indignaciones. Con ellos hemos compartido la movilización para no “rendirse al mercado”, y que en Huelva lo hemos hecho como: “Plataforma por el Progreso Social” primero, y como “Cumbre Social” actualmente.

Las medidas urgentes puestas en marcha por las autoridades europeas, nacionales y autonómicas no han servido para la recuperación económica y del empleo destruido, todo lo contrario. Quedando claro que nos enfrentamos no solo a una crisis económica, sino a todo un cambio del modelo social que habíamos construido.

En este escenario, sólo la clara vocación de defensa de la dignidad del trabajo y de los derechos laborales mostrado por las diferentes organizaciones y sindicatos provinciales de la UGT, han posibilitado dar una contundente respuesta a la brutal ofensiva de la derecha capitalista.

La ofensiva capitalista global y las patronales empresariales están sometiendo a miles de trabajadores/as y familias onubenses a situaciones de hambre, miseria y humillación. Son ya casi 65.000 las personas inscritas en paro. 34,000 los hogares con todos sus miembros en paro. 37 de cada 100 trabajadores/as onubenses en paro carecen de cobertura por desempleo. 2.400 familias han tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de un expediente de desahucio. …. Lo que sumado a la pérdida de más de 50.100 empleos, al crecimiento de la carestía de la vida del 10,98% y a la contratación precaria del 98,7 % de las trabajadoras y trabajadores onubenses, hacen de Huelva una de las provincias de  España de mayor pobreza.

Esta realidad socioeconómica ha ido acompañada de la destrucción de derechos sociales, laborales y de ciudadanía que han generado una espiral de injusticia social, de falta de libertad y de democracia y de desigualdad; convirtiendo a la movilización en la mejor ofensiva de las trabajadoras/es contra las decisiones políticas que se han sometido a los intereses económicos-financieros de instituciones de dudosa moralidad y menor catadura democrática.

El neoliberalismo imperante y especialmente la derecha en el gobierno que no concibe, no asume y no respeta el derecho de los/as trabajadores para organizarse en sindicatos y así defender sus intereses socioeconómicos, no solo ha hecho lo indecible por ignorar, dificultar y debilitar a los sindicatos de clase propiciando una ofensiva antisindical que limite su capacidad de actuación, sino que pretende destruir los pilares de la convivencia social destruyendo las estructuras de participación democrática de la ciudadanía y el tejido de Servicios Públicos construidos, que es su auténtico objetivo, y los sindicatos les estorbamos. Es por ello, su afán de desacreditarnos.

Y hemos sabido responder con contundencia en la calle, en las instituciones y ante los medios de comunicación, sabiendo buscar alianzas estratégicas con las organizaciones sociales y políticas progresistas para el desarrollo de una unidad de acción frente a la ofensiva neoliberal, porque este sindicato, muy a pesar de la derecha y me atrevería a decir, a pesar de nuestros propios errores,  tiene un enorme potencial y un gran futuro porque tiene un enorme capital. ¿Os imagináis el impacto social si los casi 17.000 afiliados/as y los 1.500 delegados/as hicieran una campaña informativa y de divulgación de nuestras propuestas y mensajes boca a boca, puerta a puerta o, a través de las redes sociales?. ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis ese potencial en manos de una empresa privada? 

¿Os imagináis si cada uno de los 17.000 afiliados/as hicieran un/a afiliado/a neto al año, lo preocupados que estarían nuestros adversarios? ¿Quién podría con el Sindicato? ¿Por qué no lo hacemos posible entonces?

Rescatar la militancia comprometida avanzando en participación democrática para continuar fortaleciéndonos debe ser uno de nuestros objetivos esenciales para el futuro, porque es el mejor instrumento de defensa del Sindicato y porque, cuando la militancia merma es cuando merman los derechos.

En la práctica, el empresariado tiene la negociación colectiva en Huelva paralizada provocando el riesgo de generalizar la desprotección de miles de trabajadores/as, produciendo una caída de los salarios y la devaluación y pérdida de derechos y del resto de condiciones de trabajo.

En definitiva, todas las estructuras de la derecha han desatado una guerra antisindical que fragmenta la capacidad de reacción de los/as trabajadores y de la sociedad para movilizarse, porque son conscientes de que en la actualidad sólo las organizaciones sindicales de clase podemos frenar con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía su ofensiva de reformas involucionistas al servicio de sus intereses particulares.

Convencidos de que solos la batalla no la vamos a ganar los sindicatos, nuestro propósito ha sido construir alianzas con la sociedad. Y hemos entendido, que es preciso trabajar y compartir objetivos comunes con otras organizaciones porque, solo aquellas organizaciones que trabajen juntas por un objetivo común vencerán. Por ello hemos abierto el Sindicato a la sociedad a pesar de la certeza de que una de las características de la sociedad actual, es el individualismo y el escaso valor que se le atribuye a la acción colectiva. Y es ahí donde juega un destacado papel la unidad de acción sindical con CCOO, potenciada y muy desarrollada en los últimos cuatro años y la estructura de Cumbre Social que hemos constituido en Huelva. Pero todo este trabajo sería insuficiente si no se continúa con la apertura interna del conjunto para que la sociedad se abra al Sindicato y para ello, hay que hacer un esfuerzo comunicativo y un ejercicio de transparencia para seguir generando y consolidando la confianza obtenida.

Y si, se puede. “Sí se pueden” alcanzar objetivos cuando son compartidos y defendidos de forma colectiva, no solo en el ámbito laboral como lo corroboran las exitosas huelgas generales del 29S, 29 M y 14 N que han conseguido aglutinar en las calles la mayor cohesión social hecha añicos por el gobierno del PP, sino que, la unidad ante el avance de la derecha en España fue mayoritariamente contestada por el pueblo onubense propiciando una clara victoria electoral de los partidos de la izquierda en las pasadas elecciones del 25M en Andalucía, tal como he mencionado anteriormente.

La ofensiva antisindical y antisocial de la derecha han hecho de este período, el de mayor conflictividad social de la últimas dos décadas. Desde la UGT Huelva hemos liderado las constantes movilizaciones, especialmente las tres huelgas generales convocadas por nuestra organización durante este periodo. Y a pesar de las dificultades, nunca hemos abandonado la vocación de dialogar, negociar y concertar en la medida de nuestras posibilidades: hemos pedido políticas de crecimiento económico y de protección de las personas desempleadas. Hemos compartido con Administraciones y patronales las alternativas sindicales para que el eje central de las políticas fueran la protección del empleo existente y la creación de nuevos empleos.

Fuimos capaces de construir un amplio consenso en el diseño de una Nueva Estrategia Industrial para Huelva en la que aportamos la inmensa mayoría de las iniciativas y medidas contenidas en ella, y en la actualidad está en funcionamiento la Oficina Técnica y concluyendo la construcción del marco presupuestario 2009/2013 en el PCTH.

Iniciativa está llamada a ser el eje transformador del modelo productivo onubense, donde la innovación, la ciencia, la tecnología y el conocimiento incorporará a la juventud al mundo del trabajo en un modelo productivo de empleo sostenible, con derechos y con garantías de protección social.

Hemos insistido sobre la necesidad de que Huelva cuente durante este prolongado periodo de crisis, con Planes específicos de empleabilidad. Planteamos a las Administraciones Públicas que los Planes 7.000, 5.000 (PLAN E) y PREPARA tuvieran una orientación preferente hacia la infraestructura productiva que es la que genera valor añadido y empleabilidad futura. Hemos propuesto un Plan de Choque solidario entre las Administraciones, las Organizaciones Empresariales y el Puerto de Huelva que pudiera dar respuesta por una parte, a la generación de empleo y por otra, a los problemas de liquidez de las PYMES para desarrollar su actividad económica. Esta propuesta precisa de un alto nivel de compromiso social por parte de las organizaciones empresariales ya que pretendía destinar una parte (%) de los beneficios para un fondo solidario que permitiera hacer frente a los costes sociales de las empresas que contrataran a parados/as de larga duración, al mismo tiempo que pudiera otorgar microcréditos a interés reducido para que las PYMES puedan hacer frente a su actividad empresarial.

Lamentablemente una vez más el tejido empresarial onubense muestra un alto grado de insensibilidad ante los dos principales problemas de nuestra economía, la falta de financiación y la masiva destrucción de empleo que genera la reforma laboral y la propia estrategia empresarial.

Hemos defendido el interés general de Huelva por encima de todo, porque es defender el interés de las trabajadoras y trabajadores y los intereses colectivos como sociedad. En este sentido, nos hemos posicionado muy claramente cuando desde Europa se ha agredido los intereses económicos de Huelva en la llamada “crisis del pepino” o en las múltiples emisiones de reportajes y noticiarios europeos en contra de la imagen de la provincia, para ello, junto al resto de Agentes Sociales promovimos con la Diputación de Huelva el “Pacto por Huelva”.

Hemos sido capaces de suscitar el interés colectivo de la sociedad onubense en acuerdos como: “Solicitar a la UNESCO la declaración de los lugares colombinos como Patrimonio de la Humanidad”. “Firmar junto con el resto de Agentes Sociales el Pacto Provincial para las Infraestructuras”  y “el Manifiesto por la incorporación del Puerto de Huelva al corredor ferroviario europeo” que consiguen poner en valor el acuerdo y dejar de lado los matices que nos diferencian como organizaciones 

Nos hemos presentado ante la sociedad onubense como un baluarte en defensa de la justicia, del empleo, del bienestar. Un baluarte para la resistencia, una fortaleza, una trinchera que la caverna fáctica no va a poder ocupar, ni superar. Y eso lo deben saber  las/os y trabajadores y el conjunto de la sociedad. Igual que deben saber los trabajadores/as y la sociedad en su conjunto, y especialmente aquellas personas que no están afiliadas, que sus convenios, sus derechos laborales, sus pensiones, etc, se consiguen y defienden por los sindicatos y que los sindicatos se mantienen con las cuotas de sus afiliados. Tienen que saberlo y tenemos que contárselo. Porque no se nos regala nada.

La cultura del diálogo y del consenso han impregnado siempre el antes y el después de los conflictos políticos, sociales y laborales. Esa ha sido la seña de identidad de nuestro modelo social hasta que el Gobierno del PP la quebró imponiendo una reforma laboral que desmonta una parte sustancial del sistema jurídico a pesar del  acuerdo alcanzado entre los Agentes Sociales (II AENC), y que representa el intento más serio de destrucción del derecho laboral, y convierte el diálogo social en un obstáculo a batir para dejar libre el camino para los que reclaman sacrifico y dureza a la par que incrementan la tasa de beneficios a expensas de los derechos de los trabajadores. La reforma laboral del Partido Popular contiene medidas tan graves y lesivas para los/as trabajadores, que para el Sindicato lograr su derogación debe seguir siendo un objetivo en nuestra actividad.

Actualmente hay planteado un debate social sobre la crisis del modelo democrático; debate que surge a partir de la crisis económica, ante la falta de respuesta y corrupción  política, y ante la prostitución de algunas instituciones que pone en riesgo el sistema de libertades generado tras la dictadura.

Para la UGT, la libertad es el baluarte sobre el que pivota la garantía del sistema democrático y para miles de trabajadores/as en paro, en situación de subempleo, la libertad es prácticamente un anhelo, que hemos de seguir defendiendo porque sin libertad no hay derechos y sin derechos no hay justicia.

La debilidad de los sindicatos no solo viene producida por la coyuntura de crisis y sus consecuencias, sino también, por la profunda transformación que se ha producido en el tejido productivo, y que no ha sido acompañada por la necesaria adecuación de nuestro modelo organizativo más diseñado para un tejido productivo de grandes secciones sindicales, prácticamente inexistentes, que para la dispersión del actual tejido de microempresas. Esto imposibilita, la capacidad de acción del sindicato ante la dificultad de poder llegar al conjunto de las trabajadoras y los trabajadores.

En mi opinión, se impone la necesidad de evaluar la situación real del sindicato en cada ámbito, analizar sus debilidades y potencialidades y adecuar y fortalecer su estructura organizativa sectorial y sus recursos para generar una mayor capacidad de acción y de presencia en del mundo del trabajo. De igual manera se impone la necesidad de revisar el papel institucional que debe desempeñar el Sindicato para que no confunda a los/as trabajadores/as y al conjunto de la sociedad, así como los sistemas de participación  democrática de los/as afiliados/as para que satisfagan plenamente el sentimiento de sentirse partícipes en la toma de decisiones.

La participación, la comunicación, el fortalecimiento de la estructura sectorial y la transparencia de la acción sindical, en el sentido más amplio del término, incluida toda información necesaria sobre la gestión económica, deben formar parte de la adecuación del nuevo modelo de trabajo.

Establecer estrategias afiliativas debe convertirse en un fundamento para la UGT, porque sin ella no hay sindicato. En la actualidad, el Sindicato se ha visto obligado a iniciar un proceso por el cual, sólo se financiará por la cuota de sus afiliados/as. La estructura permanente del sindicato en Huelva, así como los servicios que preste a sus afiliados/as, deberán dimensionarse a la realidad económica que permitan las fuentes de financiación: las cuotas de éstos y las tarifas de los servicios prestados.

Las elecciones sindicales, los/as delegados/as elegidos/as en la mismas es lo que posibilita nuestro carácter de sindicato más representativo y por tanto, lo que permite que podamos actuar en cualquier frente en defensa de trabajadores y trabajadoras, es por ello, que tenemos que replantearnos, cómo abordar de la manera más eficaz y eficiente las elecciones sindicales ante el rechazo por parte de las empresas de la representación sindical de clase en su interior.

El Comité Electoral de forma colectiva, debe diseñar un plan electoral que nos permita mantenernos como primera fuerza sindical de Huelva, a pesar de las adversidades. Es urgente por tanto, encontrar nuevas fórmulas, que desde un esfuerzo coordinado del conjunto del sindicato, nos permitan seguir revalidando nuestra posición en cuanto a la representación.

Somos la primera fuerza sindical de Huelva por decisión democrática de los trabajadores y trabajadoras, lo que nos propicia una gran capacidad de incidencia ante la sociedad en sus diferentes ámbitos.

Somos una organización joven con el mayor número de afiliados/as menores de 35 años, quienes deben verse reflejados en todas las estructuras de dirección y/o decisión de la UGT Huelva.

En la actualidad, el sindicato en Huelva está preparado y cuenta con los soportes necesarios para poder seguir prestando a los trabajadores y trabajadoras los servicios que éstos demanden en defensa de sus intereses y necesidades. En este sentido, hemos culminado el centro de formación “Félix Lunar”, la incorporación definitiva de todos los organismos y sindicatos provinciales a la FSLA y otros servicios para el conjunto de trabajadoras y trabajadores.

Creo que debemos insistir, en que el sindicato debe abordar un cambio de estrategia que mejore su acción y su capacidad organizativa consolidando secciones sindicales básicas en las microempresas. Coordinando una acción sindical unitaria en grandes empresas donde operan diferentes secciones sindicales. Estableciendo redes para la información y la comunicación con la afiliación las/os trabajadores y la sociedad en general.

 

domingo, 9 de junio de 2013

Reflexión en el 12 Congreso de la UGT Huelva


Hay quien dice que la historia es nuestra memoria. Y de historia y de memoria sabe mucho la UGT, un Sindicato centenario con un recorrido a caballo entre tres siglos. El Siglo XIX, donde en 1888 tuvo su origen. El Siglo XX, en el que tocó sobrevivir a dos guerras mundiales y a un asesino Golpe de Estado contra la democracia y la voluntad del pueblo, que ocasionó cientos de miles de bajas y un interminable reguero de sufrimiento que duró 40 años, y que aún hoy, 77 años después, seguimos anhelando el deseo del derecho a la memoria parar dignificar el paso de la historia a aquellas familias que aún intentan comprender el por qué de la condición humana. Y trece años del siglo XXI en el que nos proponemos mantener las conquistas sociales como patrimonio exclusivo del pueblo y de las clases trabajadoras. 

He querido comenzar de esta manera mi saludo por dos razones:   

Primero, porque el próximo día 8 de agosto celebramos el 125 aniversario de la UGT. 125 años de sindicalismo, de lucha por la libertad y la dignidad del ser humano. 125 años de lucha por la justicia social que creíamos alcanzada y que la avaricia, el egoísmo y la codicia desmedida del capitalismo vuelve a situar en el albur de la revolución industrial del S XIX.  

En segundo lugar, porque cuando iniciamos el 11 Congreso de la UGT Huelva en octubre de 2009, a tenor de las intervenciones que se produjeron y de las resoluciones y documentos que aprobamos, se vislumbraban los tiempo actuales. Quizás porque en abril de aquel año, la Cumbre del G 20 celebrada en Londres consagraba el reconocimiento de que nos encontrábamos en una crisis global del sistema capitalista, o tal vez ante una estafa global y planificada del propio sistema.  
 
Por ello he querido comenzar mi saludo haciendo un reconocimiento explícito a la trascendencia de la historia, que es nuestra memoria y si la perdemos, se pierde un enorme capital histórico que vamos a necesitar para saber interpretar la realidad que hoy vivimos.

No es posible entender el trabajo de la UGT H en estos últimos años, sin referirnos a la dichosa Cumbre del G 20, porque el mensaje político que de ella se transmitió fue: “que el consenso social sobre el que se construyó Europa había concluido, y que nos situábamos en la antesala de un nuevo rumbo social como consecuencia de la globalización” a pesar de que el propósito de la Cumbre era, anticipar soluciones a los problemas que ya estaban identificados. Pero sin embargo, se advertían muchas dudas porque en lugar de construir una nueva arquitectura financiera, donde se encuentra el origen de la crisis, se encarga su rehabilitación a los mismos que la crearon. 

Hoy lamentamos que la evolución de los acontecimientos y de las decisiones adoptadas  hayan convertido la crisis financiera en una profunda crisis económica generalizada y de tal dureza, que ha degenerado en una crisis laboral, social, institucional y quizás hasta ideológica que está imponiendo un nuevo marco social, con menos derechos, menos justicia social, menos libertad y menos democracia. 

En mi opinión, en abril de 2009 se produce el punto de inflexión que condiciona toda la economía mundial, pervierte la voluntad política de los gobiernos y se cede soberanía de los Estados a  los mercados, produciendo con ello una extraordinaria mutación de la crisis bancaria a la crisis de deuda que aún hoy amenaza con llevarse por delante al euro y el proyecto de construcción europea.  

Las dudas sobre la moneda única se traducen en presiones especulativas sobre las economías más débiles entre las que se encuentra España, que pese a los ajustes y reformas efectuadas no hay fecha cierta para iniciar la senda de la recuperación económica.  

La presión de la economía especulativa forzó al Gobierno Socialista en 2010 a cambiar el rumbo de la política económica con el único propósito de reducir el déficit, y que se tradujo en un ajuste de 15.000 millones de euros. 

Ajuste que fue calificado entonces como el mayor recorte en el gasto social de la Democracia, pero pronto el Gobierno del PP lo dejaría pequeño. 

Cuando se anuncian las medidas de ajuste de 2010, la rentabilidad del bono a 10 años estaba en el 4, 022%. el paro registrado en 4.066.202 personas. El PIB crecía al 0,3% en tasa interanual y la deuda pública a finales de 2010 se situaba en el 60,1% del PIB. 

A la vista de los resultados, los recortes realizados en 2010 no sirvieron para superar la crisis.  

Estos hechos, junto a la irresponsable actitud del principal partido de la oposición entonces, instalado en un discurso catastrofista de España, insolidario con el sufrimiento del pueblo e interesadamente partidario, que lleva a su líder y candidato a la presidencia del Gobierno a declarar refiriéndose a la Prima de Riesgo: “ Esperamos que esto se pare, que se den cuenta los mercados de que aquí hay elecciones y de que los que ganen tienen derecho a un mínimo margen”; nos han conducido a la situación ruinosa que hoy padecemos. 

No se dieron por aludido los mercados, continuaron los ataques especulativos a la deuda pública aumentados por la incertidumbre sobre la solvencia del sistema financiero, y en diciembre de 2011, con un gobierno de mayoría absoluta del PP, el interés del bono a 10 años sube hasta el 5,495% (1,473% más que en mayo de 2010)

Cuando en mayo de 2010 la UE obliga al gobierno socialista a imponer las medidas que las organizaciones económicas y financieras internacionales exigen, quedó claro que aquellos que provocaron la crisis eran los arquitectos del nuevo orden social y económico europeo, y que los representantes políticos democráticamente elegidos por el pueblo se sometían a sus dictados, bien por convicción, bien porque consideraban que no tenían otra opción. Y es a partir de ahí, cuando las/os trabajadores y el Sindicato tomamos conciencia de nuestra soledad ante la que está destinada a ser la lucha de clases del siglo XXI. Una soledad inmerecida por la falta de reconocimiento durante años de la existencia permanente de la lucha de clases por parte de la izquierda gobernante o con vocación de gobierno, cuando los ricos la asumen y reconocen que la están ganando. 

Para las/os trabajadores/as es cada vez más preciso que la izquierda política ocupe su espacio natural, abandone el centro político y se diferencie cada vez más de la derecha, porque en el centro del discurso de la derecha está la democracia, el modelo social, la justicia y la libertad: valores propios de la izquierda y que para la derecha solo forman parte de la construcción del mensaje. 

Los partidos políticos deben saber, que los sindicatos no formamos parte de los problemas, los sindicatos somos parte de las soluciones y parte de los derechos democráticos, por lo que atacar a los sindicatos es atacar a la democracia. Y tienen que dejar de hablar de gastos o costes cuando se habla de salario y de gasto social, porque es una inversión rentable en el corto plazo en términos de bienestar.

Una lucha de clase desigual contra un capitalismo que acapara todos los recursos incluidos los gobiernos democráticamente elegidos, ya que han supeditado los intereses de las clases trabajadoras y de la ciudadanía en general a los intereses de la deuda, que genera ese veneno contagioso de la desigualdad que chupa la sangre a la gente y que pone a unos a luchar con los otros haciendo que la cohesión y la democracia alcancen cotas de retrocesos incalculables. 

Tras cuarenta años de lucha contra la dictadura política, en solo cinco años nos han impuesto una dictadura económica que hay que continuar combatiendo. Luchar por la integración, por la igualdad de oportunidades, por la dignidad del empleo y la dignidad social; es luchar por la democracia, la libertad y la justicia y este es el llamado que les hago a todos/as ustedes por ser un deseo compartido. 

En este escenario, a las clases trabajadoras solo nos ha quedado la opción de la movilización y de la reivindicación de sus derechos. Una movilización compleja por la propia complejidad de la clase trabajadora, por su diversidad, por su fragmentación condicionada por intereses superficiales, junto al hecho de que miles de trabajadores son cautivos de salarios míseros, de condiciones laborales de pseudoexplotación, vulnerables y prescindibles ante la situación de paro. Y debemos haber aprendido que no es posible globalizar la economía al margen de lo social, porque ello genera desigualdades y tan profunda brecha que termina siendo pernicioso para los derechos de las/os trabajadores del mundo. 

En junio de 2012, el Presidente del Gobierno anuncia un nuevo paquete de recortes  (65.000 millones € en dos años), despejando las dudas de que el País estaba  intervenido al aceptar en julio las condiciones para el rescate establecidas en el MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO que ha supuesto una pérdida parcial de soberanía en favor de la TROICA, y anuncia la construcción de la “MARCA ESPAÑA” diseñada para trasladar a los mercados: “que España es atractiva para la inversión” porque los sueldos son baratos, tiene escasa cobertura social, un bienestar desmantelado y está dispuesta a competir con los países emergentes y desregularizados en derechos laborales.  

¿Han servido para algo los recortes de julio pasado? Está claro de que “NO” La economía de España está peor que en 2010 cuando se adoptaron las primeras medidas de recorte. La deuda pública equivale prácticamente a la totalidad del PIB. Los compromisos del déficit público son de imposible cumplimiento en los plazos acordados tal como ha quedado evidenciado recientemente. Y lo peor: QUE TODO ELLO LO SABÍA EL GOBIERNO DEL PP. 

Si las recetas económicas han sido catastróficas para la economía, no menos lo han sido en el ámbito sociolaboral. Las reformas laborales de 2010 y de 2011 han tenido un nulo efecto sobre el empleo. Se han destruido cientos de miles de puestos de trabajo (1.200.000 en el último año) situando el paro en 6.202.000 personas con una tasa del 27% y una galopante pérdida de personas afiliadas a la SS.
 
En Huelva el reflejo de la crisis llega hasta:

  • Las 100.000 personas desempleadas, con una tasa de paro del 46%. 
  • 38.800 hogares con todos sus miembros en paro. 
  • 40.000 familias viviendo en el umbral de la pobreza.
  • Una precariedad que alcanza al 98,7% de la contratación.
  • Lafiliación media a la SS ha sufrido una caída de 27.900 personas.
  • La tasa de cobertura ha descendido hasta el 63,39% por lo que 37 de cada cien personas paradas no cobran prestación por desempleo.
  • Más de 2.400 familias onubenses han sido desahuciadas de sus viviendas.
  • Los precios se han incrementado un 10,98% mientras que la caída media de los salarios llega al 7,8%

Este relato y estos datos deben hacernos interesar por las siguientes interrogantes: ¿Si en 2010 para el PP, España estaba en una situación crítica y a punto de ser intervenida. Si se consideraba insostenible una rentabilidad del bono a 10 años de 4,022%, cómo con una rentabilidad media de 5,085% en enero de 2013 para el gobierno del PP la rentabilidad  está relajada?

¿Cómo era insostenible una deuda pública del 60,1% del PIB en 2010 y ahora, que la previsión para 2013 es que alcance el 90,5% (80% en 2012), estamos en la senda de la recuperación y del crecimiento?

Lo que ha sucedido en España desde los primeros recortes, no solo es la crónica de un fracaso sino, que después de cuatro años, también lo es de una estafa con la connivencia del gobierno del PP que, para pagar la deuda de los bancos recortan derechos, bienestar, empleo y salarios sin que tenga repercusión alguna para resolver, por ejemplo, los problemas de las preferentes y los desahucios y que está sirviendo para desarrollar un profundo ajuste ideológico.

El Pacto Social de nuestro modelo democrático de Estado sustentado en los principios del Dialogo y la Concertación, acabó hecho añicos con la llegada al poder del Partido Popular. Desde enero de 2012, la derecha en el gobierno no solo ha hecho lo indecible por ignorar, dificultar y debilitar a los sindicatos de clase propiciando una ofensiva antisindical que limita los recursos económicos y la posibilidad de disponer de recursos humanos mediante el uso de los derechos sindicales a los sindicatos de clase, violando la legislación por la que se rigen los derechos a organizarse las/os trabajadores en nuestro país para defender sus intereses; sino que ha actuado desde una dudosa constitucionalidad, y con toda seguridad, ignorando y no respetando los Estatutos de Autonomías de las diferentes Comunidades Autónomas especialmente el de Andalucía, imponiendo medidas económicas que ponen en cuestión el desarrollo de las competencias que le son propias a la Comunidad Autónoma, poniendo en riesgo la descentralización administrativa y de gobierno que establece nuestro marco constitucional.

Paralelamente la plataforma mediática de la derecha, en la cual se refugia el fascismo ideológico en su más pura esencia de nuestro país, se encarga sistemáticamente, día a día, de sembrar una ola de desprestigio contra sindicatos y sindicalistas. Ola de desprestigio, que en nombre de la libertad de expresión desarrollan con la más absoluta impunidad con la que nos están sometiendo a un escrache mediático permanente desde hace años, con la pretensión de sacar de las calles el conflicto social criminalizan a las organizaciones sindicales y sociales que le son molestas enjuiciando indiscriminadamente a ciudadanas y ciudadanos de forma ejemplarizante y que en Huelva, ha supuesto la persecución, sanción y denuncia penal de más de una decena de sindicalistas y ciudadana que repudiamos.

No solo hay responsabilidad de sistema financiero y de los gobiernos en la situación económica y sociolaboral de España. La CEOE y la CEPYME han sido y son cómplices del gobierno del PP como máximo exponente del neoliberalismo imperante. Ellos son los que han instigado las reformas, lo hacen ilegítimamente porque solo representan los intereses de la economía especulativa y de las grandes Corporaciones empresariales, sin importarles los problemas de las pequeñas empresas y se permiten además recomendar el despido masivo de funcionarios/as que son los garantes de los intereses públicos y generales.

CEOE y CEPYME han mantenido en la etapa del Gobierno Socialista una actitud hostil y beligerante con el diálogo social, negando todas las iniciativas y propuestas que desde los sindicatos planteamos. Y desleal  con la Concertación y el Acuerdo en la etapa actual del Gobierno del PP.

En este sentido, tenemos que hacer mención al II AENC firmado entre la CEOE y los Sindicatos el 25 de enero de 2012 mediante el cual se producía una muy moderada subida salarial (casi congelación salarial para 2011, 12 y 13) para que parte de los beneficios empresariales fueran invertidos en empleo y en I+D+i.

Sin llegar a iniciarse el desarrollo del II AENC, el Gobierno del PP, obsequia a la CEOE el 10 de febrero de 2012 con la actual reforma laboral que instrumentaliza el despido barato e incausado. Que sirve de herramienta para el despido masivo. Que transfiere a las empresas los derechos sociolaborales de los trabajadores y les otorga la carga de la certeza, entre otras medidas.

Obsequio muy bien recibido por el empresariado a tenor del uso efectuado: la destrucción de 1.200.000 empleos. El bloqueo sistemático y estratégico de la negociación colectiva para llegar a los plazos de cobertura de la ultractividad, en lugar de poner en valor el diálogo social y la concertación.

El empresariado en general y el onubense en particular, quienes aún consideran insuficiente la reforma laboral, son también responsables de la autodestrucción de las Instituciones Patronales por despreciar el dialogo social y el II AENC en favor de la reforma laboral que da prevalencia a las empresas entre todas las cosas, que genera competencia desleal en competitividad salarial entre empresas y que destruirá la condición de Agente Social  de las patronales al carecer de prevalencia en las relaciones sociolaborales.

Las empresas y el empresariado han decidido por la vía de de los hechos y al amparo de la Reforma Laboral, violar el derecho a la negociación colectiva. En la práctica decenas de convenios colectivos en Huelva están viendo frenada su negociación con su aplicación produciéndose en los últimos 12 meses, no solo la desregulación laboral que genera la Reforma impuesta por el Gobierno del PP, sino aquella derivada de la parálisis de la negociación colectiva y de la inaplicación de los convenios colectivos. 

Nunca a lo largo de los últimos 30 años hubo tantos trabajadores/as desprotegidos en Huelva en lo que a sus relaciones laborales se refiere. La reacción de la Patronal onubense ante la oleada desreguladora de derechos laborales y al albur de la Reforma Laboral, provoca la caída de los salarios y la devaluación o pérdida de las condiciones de trabajo generando con ello un mayor perjuicio a la maltrecha economía onubense, muy dependiente del consumo interno y de los servicios.

En mi opinión, la FOE debe haber ejercido un papel activo y protagonista ante los dos grandes problemas para la economía y las empresas onubenses: “el paro y la falta de financiación” y debe liderar una estrategia de cooperación solidaria entre empresas mediante la cual, empresas con beneficios aportan una parte de ellos para facilitar ayuda financiera a las pequeñas empresas para la contratación y la actividad comercial, con lo que, se estaría actuando sobre el estímulo económico y el empleo.

 En definitiva, las estructuras políticas, empresariales, mediáticas y financieras de la derecha, con el Gobierno del PP al frente, han desatado una guerra antisindical conscientes, de que en la actualidad, sólo las organizaciones sindicales de clase, podemos frenar con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía su ofensiva de reformas involucionistas, al servicio del capital y de los más rancios postulados de la derecha española. Ofensiva que pretende generar un calado descrédito del movimiento sindical entre los distintos colectivos de las clases trabajadoras y populares para fragmentar la capacidad de reacción de los/as trabajadores y de la sociedad ante la movilización frente a las imposiciones del gobierno y de la patronal.