jueves, 13 de julio de 2017

Sobre las asimetrías territoriales


Desde que se comienza a engendrar la idea para el 39 Congreso Federal del PSOE  de un modelo territorial de España basado en su realidad plurinacional, -nada distante de los acuerdos alcanzados en la denominada “Declaración de Granada”- los sectores más conservadores desde dentro y desde fuera del PSOE no dudaron en iniciar una gesta contra ella no falta de intereses, aunque diversos, pero con un mismo objetivo: poner el foco de la atención social en lo “endemoniado y rupturista que debe ser un PSOE de izquierdas” al que se acusa de querer dividir España y construir un Estado asimétrico donde no se garanticen los mismos derechos a toda la ciudadanía española, lo que es lo mismo que decir, que se contempla la posibilidad de que exista ciudadanía de primera y de segunda. Otra de las acusaciones recurrentes para los objetivos conservadores de dentro y de fuera del PSOE, es acusar a su Secretario General de dar bandazos al respecto y así erosionar el repunte electoral que supone un socialismo centrado en un espacio político identificable.

En los últimos días y tras las manifestaciones realizadas al respecto por parte de la Presidenta del PSOE, ha vuelto a saltar a la arena mediática cierta reticencia de los mismos actores conservadores siendo muy significativas las declaraciones efectuadas desde el PSOE A, donde parecen cuestionar el acuerdo alcanzado sobre el modelo territorial de España en el reciente 39 Congreso al manifestar que “desde el PSOE A no se va a permitir la indisoluble unidad de España que consagra el art. 2 de la CE, ni la asimetría de un modelo territorial” para, a reglón seguido, expresar su disposición a estar vigilantes ante la que pueda ser la propuesta definitiva. Quizás, tales dudas tengan que ver con la ausencia de la delegación socialista andaluza en los debates del Cónclave Federal.

Conviene observar que el Art. 2 de la Constitución dice literalmente: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Y que la Resolución del 39 Congreso Federal del PSOE bajo el título: UN MODELO TERRITORIAL ESTABLE Y EQUILIBRADO,  en solo dos párrafos de los diecisiete que contiene ya dice literalmente:

1) Proponemos una reforma constitucional federal, que mantenga la unidad del Estado, perfeccionando el carácter Plurinacional del mismo, y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, de acuerdo con los arts. 1 y 2 de la CE.

2) Por eso reivindicamos la necesidad y la urgencia de una reforma constitucional que haga posible el perfeccionamiento federal del modelo de organización territorial de nuestro país. Una reforma federal que garantice la igualdad de toda la ciudadanía de España, los mismos derechos civiles y políticos, así como el derecho de participación en asuntos públicos comunes. Si las posiciones se mantienen con el desprecio al diálogo conducirán al enconamiento e incluso a la confrontación, que es la vía que han adoptado tanto el gobierno del PP como los independentistas catalanes.

En mi opinión, ya queda evidenciada la indisoluble unidad de España y los mismos derechos civiles y políticos de la ciudadanía española, por lo que la simetría o asimetría territorial parece que queda solo en el recurrente argumental. Aún así, es tema que parece preocupar y sobre el que no vendría mal hacer una breve referencia.

En este sentido, cabe destacar que en la propia génesis por la que se configura el estado de las autonomías actual no se dispensa café para todos los territorios por igual, sino que cada uno tiene su propia especificidad social, cultural o identitaria y así, nos encontramos como la propia CE establece dos formas de acceso a la autonomía, a través del art 143 y del art 151 al distinguir entre nacionalidades históricas y las que no lo son. Esta asimetría la calificaremos de “asimetría formal”

Otra asimetría que se produce en el modelo autonómico actual y a la que podemos calificar como “asimetría estructural”, es la que se refiere a los derechos forales de Navarra y del País Vasco.

Una tercera asimetría del actual modelo autonómico es la que llamamos “asimetría coyuntural” y es la que tiene que ver con el ineficaz modelo de financiación autonómica y con las mayorías parlamentarias a la hora de negociar los PGE cuando se carece de mayoría suficiente para aprobarlos en solitario. No es novedoso que tanto una (financiación autonómica) como el otro (PGE), benefician sobre manera a aquellos territorios que forman parte del acuerdo generando agravios con los otros.

Y por último la que podemos llamar “asimetría política” y ésta, es la que tiene que ver con la acción política  de los gobiernos en las diferentes Comunidades Autónomas. Así en Andalucía por ejemplo, los/as alumnos de la enseñanza pública obligatoria se benefician de la gratuidad de los libros de textos mientras que en otras comunidades no ocurre, pudiendo afirmar que los escolares andaluces tienen unos derechos subrogados de los que carecen los de otras comunidades, etc.

Así pues podemos concluir afirmando, que el actual modelo constitucional de España genera asimetrías territoriales que nos han permitido 39 años continuados de convivencia común, ¿por qué ahora las asimetrías constitucionales de un indivisible Estado Federal Plurinacional deben suponer un problema para quienes se definen constitucionalistas?

miércoles, 14 de junio de 2017

De la pobreza coyuntural, a la pobreza estructural

Andalucía, de la pobreza coyuntural a la pobreza estructural.

Recientemente Cáritas Andalucía ha mandado una voz de alarma sobre la evolución de la pobreza en Andalucía, la que no deja de crecer hasta convertir la vulnerabilidad de más de 3 millones de andaluces en un riego de exclusión estructural.

Ante esa voz de alarma, no cabe otra cosa que mostrar preocupación, pero una preocupación objetiva. De ahí que tenga la curiosidad de consultar los indicadores de la Tasa AROPE 2016 que publica el INE en su encuesta de Condiciones de Vida. Estos indicadores ponen de manifiesto que:

✗ Andalucía presenta la tercera tasa mas alta de España de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, solo por detrás de Ceuta y Melilla. España 28,6% y Andalucía el 43,2%, 14,6 puntos mas que España. (3.620.684 andaluces vienen en riego de exclusión). De los que 75.430 se sumaron el año pasado. De estos 3.620.684 andaluces, 2.994.418 son pobres. Y de éstos, 1.075.000 son pobres de solemnidad, (pobreza extrema) sobreviven con ingresos inferiores a 332€/mes.
✗ Lo peor es, que desde que se comienza la medición del indicador AROPE, la evolución se ha estado dando de forma ascendente, creciendo 10,7% desde 2008 mientras que la evolución de España ha crecido en el mismo periodo un 3,9%, por lo que nos encontramos ante una vulnerabilidad crónica en Andalucía.
✗ Es verdad que vivimos en un país desvertebrado y desigual entre el Norte y el Sur. Las Comunidades al sur de Madrid tienen una mayor tasa de pobreza, pero en Andalucía sería aún mayor sin los cambios demográficos como consecuencia de la crisis, especialmente en la población inmigrante que solo entre 2014 y 2015 desciende en 25.315 personas.

En cuanto a los subcomponentes de la tasa AROPE, nos encontramos con que:

✗ En Andalucía el 35,7% de la población es pobre. (2.994.418 andaluces), mientras que en España, lo son el 22,1%. Esta pobreza clásica en España crece el 1,7% en el periodo 2008/15, mientras que en Andalucía la evolución es del 6,9%.
✗ La pobreza extrema se ceba en Andalucía con el 12,8% de su probación. Es decir, 1.075.000 andaluces son pobres de solemnidad. En España es pobre se solemnidad el 8,00% de su población.
✗ Casi 700.000 andaluces (6,4%) sufren carencias severas. En España la sufren el 8,00% de su población.
✗ El 24,9% de los hogares andaluces tienen una muy baja intensidad de empleo, mientras que en España padecen esta circunstancia el 15,4% de los hogares.

Si preocupantes son los datos de la tasa AROPE, no menos preocupantes son cuando relacionamos la tasa  de  riesgo de pobreza y exclusión social con la  evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía.  En este sentido observamos que, pese a que desde 2013 los índices porcentuales del PIB en la Comunidad han aumentado un 4,48%, el número de personas en riesgo de pobreza lejos de disminuir se ha incrementado un 4,9%.

¿Por qué ocurre esto? Sin lugar a duda, porque el aumento de la riqueza en Andalucía, más de 6.500 millones de euros, no se ha gestionado de forma eficiente para una redistribución justa. Los ricos son más ricos y los pobres, son más pobres y eso, es como consecuencia de que, entre otros aspectos, la acción política de gobierno no responde a satisfacer las necesidades de las clases más desfavorecidas. 

Estos hechos son inasumibles desde la óptica de la justicia social y máxime, cuando el Estatuto de Autonomía reformado en 2007, contiene una Carta de Derechos para los andaluces que convierte a Andalucía en una comunidad intolerante con la pobreza y plantea compromisos con la renta básica, la banca pública, el empoderamiento social ante la corrupción o el banco de tierras entre otras cuestiones.

martes, 13 de junio de 2017

DEL ESFUERZO AL SOBRE ESFUERZO.

Bonificación del hasta el 99% del coste de la carrera universitaria en Andalucía.

Con este anuncio se presentó la Presidenta de la Junta Susana Díaz, ante el Pleno del Parlamento andaluz para abordar la situación de Andalucía el pasado miércoles día 7 de junio. Anuncio  con el que pretende, según sus propias palabras “un modelo universitario que premie el esfuerzo y blinde la igualad”

Ante tan loable pretensión cabria, quizás por desconocimiento, plantearse si el objetivo último (un modelo universitario que premie el esfuerzo y blinde la igualad ) no terminará obligando a algunos universitarios/as a  un “sobre esfuerzo y con ello a construir una brecha de desigualdad”, porque al ser una medida vinculada exclusivamente a aprobar el curso, no afecta por igual a quienes su situación económica les permite dedicarse únicamente a estudiar para aprobar curso a curso  finalizar su carrera que, a aquellas otras personas que deben compaginar sus estudios universitarios con una actividad laboral que les permita seguir estudiando porque su posición económica no se los posibilitaría.  Éstos, son los que deben jugar con la gestión de los créditos. 

¡Gestión de los créditos! Lo que genera otras interrogantes: Una, ¿cuántos créditos por curso deben aprobarse? Ya que salvo la primera matrícula, las siguientes permiten la gestión de los créditos y los tiempos para su aprobación. Dos, ¿se entiende por curso el periodo que va desde septiembre a septiembre, desde septiembre a  junio ? 

Por otra parte, el Consejero del ramo, ha manifestado que “aprobando en primera matrícula un grado completo de cualquier rama tendrá un coste de 760 euros y que las bonificaciones serán aplicables en los estudios de máster, de forma que éstos virtualmente serán gratuitos”manifestaciones que intrigan nuevas interrogantes: Una, ¿cuenta realmente  el máster con la misma bonificación que el resto de cursos? Dos, ¿se aplicarán las bonificaciones de una sola vez al finalizar los estudios, o cada curso? Tres, ¿está suficientemente previsto el procedimiento de compensación a las universidades por la reducción de los ingresos?

En definitiva, una medida que persigue tan loable objetivo, debe ser muy rigurosa con la igualdad de oportunidades,  con el modelo de financiación de la universidades públicas y estar dotada de un alto grado de pedagogía social.

jueves, 11 de agosto de 2016

TODOS CONTRA EL PSOE

Todos contra el PSOE

La lamentable actualidad política de España orientada hacia “TODOS CONTRA EL PSOE” pone de manifiesto el escaso calado moral de la caverna mediática, -en el pasado conocida como el sindicato del crimen- de la liberal y alguna que en su día fue considerada progresista al orientar la responsabilidad sobre el PSOE de que haya o no, unas terceras elecciones. Como si la democracia quedara limitada al acto de las votaciones a candidaturas cada cuatro años y no a la capacidad de conformar mayorías parlamentarias, la única acción que da legitimidad a la conformación de un gobierno y por tanto a la voluntad del pueblo.

Cuando toda esta caverna mediática a la que suman apoyos los liberales del propio PSOE, ¡a saber bajo qué intereses! apuesta como única fórmula de gobernabilidad y de estabilidad de España la formación de un gobierno del PP y de Mariano Rajoy, lo que hace es validar la corrupción como instrumento de gobierno y de representatividad social e institucional en el exterior y muy poco tiene que ver con la responsabilidad de estado y de estabilidad política. Ya Rajoy ha sido el Presidente con mayor apoyo parlamentario desde la legislatura de 1982, los mismos apoyos que ha utilizado para dar estabilidad y consolidar exclusivamente la corrupción, institucionalizada en todo su mandato y que tanto sufrimiento ha ocasionado a las clases trabajadoras, a los derechos sociales y civiles y a las libertades y garantías democráticas.

También la misma lamentable actualidad política de España, deja al descubierto la camaleónica piel política de Rivera quien parece disponer de una mochila cargada de argumentos, para que cuando unos no gustan, tener otros aunque sean extremadamente contradictorios los unos con los otros.

Este camaleón político hace escasamente seis meses, firmaba un Acuerdo de Gobierno con el PSOE. Acuerdo, cuya estructura nuclear se centraba en siete grandes áreas de trabajo:

Impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y basado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo.
Un Plan de empleo estable y de calidad.
Un pacto Social y Político por la educación.
Reducción de las desigualdades sociales.
Impulsar reformas democráticas para reforzar derechos y libertades y luchar contra la corrupción.
Potenciar el papel de España en la UE y el exterior.
Una reforma constitucional que garanticen los derechos sociales y complete el funcionamiento federal de la organización territorial del Estado.

Las casi quinientas medidas que contenían el acuerdo aunque mejorables, tenían un impacto económico, social y político que mejoraba las condiciones de vida de la ciudadanía en general. Sin embargo, las seis exigencias que el camaleón Rivera plantea a Rajoy para apoyarlo en la investidura carecen de fondo político, social y económico alguno, no incide sobre la calidad de vida de los españoles ni de la salud democrática de sus instituciones y, se queda en lo superficial de titular de prensa o las descualificadas opiniones de determinados personajes, que consideran este hecho como “el primer gesto de responsabilidad política desde las elecciones”; cuando en realidad las seis exigencias de Rivera encierran claras contradicciones y falsedades propias de la acción política de quienes quiere que sean sus coaligados.

A saber:

La comisión de investigación que propone Rivera para investigar el caso “Barcenas” que es, “el caso del PP”, puede ponerse en marcha sin los votos del PP, basta con que lo solicite en el Congreso de los Diputados y se vote. -una exigencia falsa-
La modificación de aforamientos precisa de una reforma constitucional que no depende solo de los votos del PP. -otra falsedad-
La cuadratura del círculo del cinismo y de la contradicción se produce en la exigencia de que los políticos imputados deban abandonar sus puestos, cuando todo el PP como institución política está imputado. -es la manera de entender Rivera la lucha contra la corrupción, incorporándose a ella-

Y mientras tanto, Rajoy se va de puente.

viernes, 29 de julio de 2016

Ciudadanos tiene la llave de la gobernabilidad de España

Ciudadanos tiene la llave de la gobernabilidad de España

Hubo un intento fallido de investidura y de gobernabilidad de España en la legislatura pasada. La primera vez que ocurre en democracia aunque no haya que rasgarse las vestiduras por ello, pero ciertamente un nuevo intento fallido no sería lo más deseable porque sigue habiendo varias opciones posibles para la gobernabilidad estable de España, empezando por el reconocimiento legítimo de que la izquierda parte de un apoyo social de 11,3 millones de votantes y 167 escaños.

Es en esa legitimidad donde se sustenta la primera de las opciones posibles de gobierno, solo es preciso que C,s continúe poniendo en valor el principio de “responsabilidad de Estado”que con tanto ahínco pregona y especialmente su líder, el Sr. Rivera. Quiero imaginar que ese principio de responsabilidad de Estado lo proyecta, no solo para hacer Presidente a Mariano Rajoy y poner la gobernabilidad de España en manos de un partido imputado por corrupción y obstrucción a la justicia, o sea, un partido cuya manera de proceder coincide de pleno con el de las mafias tradicionales, sino que esa misma responsabilidad se la otorgue a quienes sean capaces de sumar apoyos parlamentarios suficientes para gobernar.

De ser posible esta opción, solo cabria de C,s la abstención a la investidura y el mantenimiento propositivo y reformista en su labor parlamentaria, pactando las reformas que España necesita. (Me remito a los mismo términos y mensaje de nueva política a la que continuamente hace referencia el Sr. Rivera)

Una segunda posibilidad de gobernabilidad de España radica en el acuerdo de gobierno formando o no parte del mismo, entre PSOE, UP y Ciudadanos quienes juntos sumarían 188 escaños, muy superior a la mayoría absoluta necesaria para dar estabilidad al futuro gobierno y eso, también es tener en consideración el valor de la responsabilidad de estado, además de ser una de las opciones que más está barajándose últimamente si Rajoy y el PP fracasan en el intento. Por lo que nuevamente C,s tendría la llave de la gobernabilidad.

Esta opción de gobierno, que fue posible en la legislatura anterior tras el 20D ya sumaba 201 escaños -sugiero la lectura de mi blog “Horizontes” de fecha 23 de diciembre pasado titulado “20D. Alternativas y oportunidades-  

En aquella ocasión la estrategia partidaria de C,s asentada en la fórmula ya desdeñada de la Gran Coalición no lo hizo posible, por lo que ahora más que nunca, es preciso apelar al gran principio de la responsabilidad de estado defendida por C,s, salvo que lo entiendan como un principio para los demás y no para sí mismo cunado de no apoyar al PP se trata, lo que pudiera suponer otorgarle una extraordinaria responsabilidad en la repetición de las elecciones del pasado 26J y las terceras posibles.

Ante estas opciones, la alternativa que siguen pretendiendo el IBEX 35, el poder financiero, la cabaña mediática con sus analistas y opinadores y una cierta élite  privilegiada del País es el gobierno del PP sin Rajoy, una opción posible si no fueran por dos factores:

En primer lugar, supondría el suicidio político por la izquierda del PSOE al validar con su acción toda la política de corrupción, de recortes laborales y sociales, de pérdida de libertades y de conspiración contra el Estado de Derecho que ha perpetrado el actual gobierno en funciones durante estos largos casi cinco años de desgobierno. 

En segundo lugar, porque el supuestamente corrupto, mafioso y conspirador no es solamente Mariano Rajoy, sino que por motivos del ADN político lo es el PP, quienes componen el poder ejecutivo de esa élite que controla la economía, las finanzas, los medios de comunicación, la educación, la moral y el estado colectivo de la conciencia ciudadana que hay que liberar para la libertad y la democracia.



viernes, 8 de julio de 2016

Y por qué no?


Hay quienes dicen que el PP ha ganado las elecciones, cuando en democracia las elecciones las gana el Partido con capacidad de aglutinar la mayoría parlamentaria suficiente.  

Hay quienes dicen, que los españoles han puesto al PSOE en la oposición y que desde la oposición  puede gobernarse. Lo que no deja de ser un ardid de cara a aquellas personas que anhelan un deseo. (Populismo)

Hay otras personas que apelan a la responsabilidad de Estado del PSOE y abogan por una abstención inextremis, una abstención parcial e incluso hasta un “Tamayazo” para favorecer la investidura y posterior gobierno del PP, cuando nunca el PP ha sido autosolícito de esa misma responsabilidad  de Estado y nunca ha apoyado las investiduras de los candidatos del PSOE, cuando éste ha sido el partido más votado y no ha contado con mayoría suficiente de gobierno.

Hay quienes se sienten muy agraviados por la “supuesta” arrogancia de Pablo Iglesias o, muestran  resistencia a pactos con quienes consideran la izquierda radical, como si la universalidad de la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia no hubieran sido medidas muy radicales en su época. A estos les digo que no confundan su pedagogía política porque solo favorecen al conservadurismo de la derecha y de la libero-socialdemocracia.

Los hay incluso, quienes desde las mismas filas socialistas promueven la abstención como mal menor para el PSOE, en la doble creencia de que favorecería su recuperación desde esa oposición razonable y de gobierno en oposición. Estos, largo me lo fían y largo van los errores, porque facilitar la investidura de Mariano Rajoy y su posterior gobierno, es lo mismo que validar las políticas del Partido que ha protagonizado el mayor fraude político de la historia democrática de España, que ha generalizado la corrupción llevándola hasta las Instituciones y al propio PP, que ha perpetrado la mayor sustracción de libertades y derechos democráticoos y que ha conspirado desde el Ministerio del Interior contra el Estado de derecho, circunstancia que en estos momentos el PSOE no debe pasar por alto.

Así pues, ante las adversidades y maléficas manifestaciones vertidas por determinados líderes políticos en la dirección de que, con la abstención del PSOE se resuelven los problemas de gobernabilidad de España y así ellos se evitan apoyar la investidura de Rajoy o bien, tienen muy claro de que su voto va a ser negativo a la investidura, es preciso, por qué no, sondear otras vías.

Si todo el mundo tiene claro el “no” apoyo a Rajoy, caben varias posibilidades. La primera y apelando a la responsabilidad de Estado de C,s, PNV y CCa que ya han manifestado su voto negativo, es que se abstenganante una posible confluencia de izquierdas que sumaría 167 escaños. Una segunda opción, un Pacto de Concertación de todas las fuerzas políticas contra el fraude político,  la corrupción institucional,  la  sustracción de libertades y derechos sociales  y la conspiración gubernamental contra el Estado de derecho que supone el PP. 


lunes, 30 de mayo de 2016

Calidad de vida en Andalucía

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE (ECV) hecha pública el pasado día 24 de mayo, devuelve la mirada a la realidad nacional y andaluza en particular. Una realidad tintada de pobreza y riesgo de exclusión social.

España que es un País de contrastes, también lo es de desigualdades. Así, la ECV del INE pone el acento sobre, como a pesar de la supuesta mejora de la economía nacional,  -crecemos y creamos empleo a un ritmo superior al de la UE- según el Gobierno del PP, ésta no redistribuye la riqueza que genera sino que genera mayor brecha social y económica entre las clases trabajadoras y la élite del País, de tal suerte que los ingresos medios de los hogares decrece respecto al año anterior y los salarios de los trabajadores y trabajadoras son un 18% más bajos que los salarios medios de la UE, de ahí que la tasa de pobreza y exclusión se eleva hasta el 22,1% de la población, es decir, casi 13 millones de españoles y españolas no tienen los mínimos recursos para vivir dignamente.

Si observamos los datos desde la vertiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía éstos son más preocupantes aún, ya que el 35,7% de las andaluzas y andaluces se encuentran en riesgo de pobreza, un 13,6% por encima de la media española, es decir, uno de cada tres andaluces están en riesgo y el 55% de los hogares no pueden afrontar imprevistos.

¿Qué tienen en común España y Andalucía?

Comparten el sometimiento a una misma política de austeridad. Un modelo productivo basado en la competitividad de la economía en lugar del valor añadido de la actividad productiva. Una legislación laboral acorde con el modelo productivo totalmente precarizado y de muy bajos salarios. Una política fiscal que favorece la evasión y elusión de capitales. Una política económica de estímulos e incentivos sociales a las empresas y que soportamos todos los contribuyentes. Una cultura empresarial totalmente decimonónica que se siente propietaria hasta del capital humano. Una legislación para desahuciar a las familias de sus viviendas en favor de los bancos y que socializa la deuda privada en beneficio de las entidades financieras en vez de hacer inversión pública …

¿Qué les diferencia?

En primer lugar, una histórica brecha económica y social no desdeñables. Y, un gobierno históricamente socialdemócrata que debía suponer un punto de inflexión.

Ambos aspectos no son baladíes y reconociendo el importante esfuerzo y logros alcanzados en materia de igualdad de oportunidades y de disminución de la la brecha histórica de Andalucía, sin embardo y en función de los datos referidos, parece que en lo económico no ha sido determinante ni suficiente un gobierno de corte socialdemócrata para promover un nuevo modelo productivo y democratizar la economía.

A uno se le antoja que la causa de ello, deriva de la renuncia por parte de la socialdemocracia andaluza para transformar la sociedad y del modelo económico históricamente reivindicados  y que ha optado por competir con el neoliberalismo únicamente en los aspectos más sociales, actuando de forma paliativa ante los problemas de índole económica de la sociedad andaluza. Renuncia que no propicia independencia ni autonomía económica individual suficiente para gozar de una absoluta libertad y no permite la emancipación de las clases trabajadores que persigue el socialismo democrático quedando éstas,  supeditadas a las clases dominantes.

Es verdad que la actual estructura organizativa del Estado y especialmente su modelo económico, no actúan como acicate de transformación, pero no es menos cierto, que la autonomía del gobierno andaluz le permite orientar su política económica y presupuestaria en favor de las familias a través de una “Renta garantizada” hasta alcanzar el nivel mínimo de tributación y por tanto, de la generación de riqueza  mediante el consumo interno, o tener una estrategia crediticia pública  para la economía productiva y  el mantenimiento de los Servicios Públicos, mediante una “Banca Pública”